Columna Geopolítica

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez

Dicen las noticias que el fin de semana el gabinete de Veracruz, fue convocado por el gobernador Yunes, a una reunión para analizar daños mayores tal vez no considerados en esta crisis. Posiblemente asuntos que desembocarán en respuestas eruptivas de parte de los afectados.

En entregas anteriores, incluso la semana pasada donde expuse hasta donde iba llegar la crisis del dinero, vengo señalando que hay un quebranto inédito. Tal vez para algunos les hayan sonado exageradas las voces de alarma que he manifestado, señalando algunas prácticas de los irresponsables y lógicamente se desprende el grado de complacencia o complicidad con las autoridades hacendarias que necesariamente siempre estuvieron enteradas, tanto con Fox y Calderón y como con Peña Nieto.

Hoy quiero señalar lo que para mí es el inicio del planteamiento del problema, que me parece no está adecuadamente expuesto. Veracruz  es un paciente con varias enfermedades todas graves, que pueden ser terminales; y no una sola, muy grave. Por eso creo en la desagregación del asunto, para poder definirlo. En su conjunto no parece tener ni pies ni cabeza.

Porque las afectaciones de hoy deben analizarse en cuatro factores que deben delimitarse en principio como problemas específicos, primero; y luego hacer las interrelaciones y las combinaciones estratégicas y resolutorias para abordarse. Porque no hay salidas alternativas de excepcionalidad como algunos piensan.

No entender la problemática y seguir operando con lo que hay, es sumirse en prácticas descalificadas que se convierten en delitos. Y aunque no quieran, acaban por pecar como dice un amigo experto, agarrando lo que es dinero intocable, los de las aportaciones que están etiquetados.

Metodológicamente los de finanzas: los contadores  y economistas con experiencia operativa no atinan a resolver, porque la cuestión la ven en su conjunto y lo que llegan a pedir sencillamente es más dinero, lo que es una petición obvia y necesaria, pero por lo mismo ingenua. No ven la complejidad del problema.

Pero si se considera a la política financiera como una política no desligada sistémicamente a la política de estado, se concluye que la crisis expresa cuatro factores que ahogan la buena marcha de las finanzas de Veracruz. Para simplificar  son: un factor coyuntural y tres estructurales: de ellos, uno administrativo; otro de tipo específicamente financiero; y finalmente un factor de fondo, que deviene en forma política respecto del estado democrático y su viabilidad.

El factor coyuntural se refiere a dos componentes infames: Fidel Herrera y Javier Duarte, devastadores cuyos crímenes contra el patrimonio de Veracruz significan la mayor afectación de corrupción de la historia de México.

Este factor lo avanza y afirma el gobernador Yunes en camino de esclarecerse en conceptos y números. Se corresponde a lo penal, con muchos testaferros suma miles de millones, que no pueden traducirse en recobros contantes y sonantes con equivalencias recuperables por la naturaleza misma de los bienes de tipo extraordinario, por no decir que hasta exótico.

Sin embargo este enfoque, me parece que va satisfaciendo a la sociedad crítica que se amanece con más casos y más nombres de los sinvergüenzas. Solo que los ciudadanos que en su momento no se percataron o por miedo no se indignaron, quieren que se haga una recuperación pronta. Pero no es así, va a tomar tiempo, no mucho, se ve, pero sí, no es cosa de horas.

Los  otros tres  factores son: uno,  el administrativo  cargando un elevado gasto corriente, un pasivo laboral que crece y una baja productividad administrativa. Es un mal general agudizado al extremo en Veracruz. Es la incapacidad del estado mexicano por concebir una república sana sin pasar necesariamente por una obesidad burocrática, para que los amigos y los de confianza ocupen cargos.

La adopción del mecanismo común en los países más atrasados, que se denomina técnicamente  como adquisitivo, muy contraria al adscriptivo que significaría una avance en la administración pública, porque se sustenta en la acreditación de capacidades por encima de lealtades.

Por eso se hace necesaria una Reforma Administrativa, una que le devuelva racionalidad a la cadena de mando y al sistema de manera integral y que sustituya a la vieja estructura que es impagable e inmovilizante. Como está, nadie la va a poder financiar. Por más que se quiera evitar, la reforma es imprescindible.

El tercer factor es el llanamente financiero y se refiera a la mala costumbre de endeudar a las instituciones públicas so pretexto de inversiones que nunca se realizan. Le dicen financiamientos manejables o saludables. Porque las inversiones que se llegan a realizar escalan con mucho, los cálculos iniciales. Esto es una veta riquísima para encontrar todo un tinglado de ladrones con falsos proyectos, obras falsas, empresas fantasmas y empresas que se prestaron, para llevarse el dinero de los préstamos de bancos, del FONDEN, el fideicomiso del tres por ciento, el de los cupones cero y de los miles de millones, entre ellos los diez mil millones que le autorizaron los diputados a Herrera unas horas antes de salir y los demás montos que adquirió Duarte con el aval del congreso de mayoría priísta.

Ahí están diputados de entonces y de la época de Duarte, que constan en las votaciones de cada uno de los préstamos que pararon en los bolsillos de corruptos.

Veracruz exige se sepa y México tiene que saberlo. El PRI y los partidos que se prestaron se les debe enterar  acuse de recibo público.

Se deben investigar a fondo las comisiones, los covenants, y demás acuerdos incumplidos con y sin castigos; todos los intermediarios de las bursatilizaciones, los excedentes, los pagos a los municipios, los que se desviaron que los burócratas de esas oficinas bien saben a donde fueron a parar.

De esas operaciones, se deben tener los cálculos de contratación de las tasas de interés voraces que los secretarios de finanzas y sus colaboradores, jamás cuestionaron. En los temas administrativo y financiero están los del ORFIS, la tapadera que dirige Portilla y todos los contralores que se echan en cara, pero que jamás iniciaron un solo procedimiento serio, ni los contralores internos de cada dependencia que tienen que ser aproximados a lo penal y a las sanciones inhabilitatorias.

Esta agenda, si es de SEFIPLAN al cien por ciento, y le puedo asegurar lector y contribuyente, que no han sido investigada suficientemente. Las condonaciones fiscales, las autorizaciones de recursos materiales, de obra y las de personal, las comisiones de pago a proveedores reales o imaginarios que se pagaban  en las últimas semanas con cargos del 30% y más. Tampoco se han investigado todos los apoyos como el ACe20 que Pemex, otorga a Veracruz y otros insumos que llegan de parte del gobierno federal.

Pero aún teniendo hipotéticamente resuelto lo anterior: saneando las finanzas y la administración, incluso recuperando latrocinios, permanece el déficit por las necesidades que tiene Veracruz.

Por eso lo más importante es iniciar una bien pensada y estratégica lucha con el cuarto factor; el factor de la injusticia en el reparto del dinero que se desprende del convenio de Coordinación Fiscal, en el que las entidades han cedido sus facultades recaudatorias para el fin común de formar un fondo general participable, que es una mala distribución de los recursos del estado mexicano que afecta a las entidades y descompone la racionalidad.

Otras ocasiones como en el 2004 durante la Convención Nacional Hacendaria se trató de parte de los estados replantear las condiciones de la ley. La naturaleza de la recaudación, los impuestos productivos y las competencias concurrentes, el aumento de los montos fungibles, es decir de las participaciones y las definiciones precisas en los fondos de aportaciones que no consideran los compromisos integrales en materia de educación por ejemplo.

Pero Hacienda en su papel no cedió, no afloja y ahora tampoco vigiló preventivamente la debacle. Y no solo Veracruz está en quebranto, todos los estados con nuevo gobierno lo están y los que salgan lo estarán. Éste es el asunto toral, no puede ser que del fondo participable, a los estados les toque el 20% y a los municipios el 20% de ese 20%. Y que para justificar la vieja macrocefalia  del centro se sigan las mecánicas obsoletas de las aportaciones que duplican y triplican burocracias. El tono federalista nuevo debe ser el factor de transformación de una buena vez, que haga transitar a la administración pública de un sistema autoritario, en decadencia, a uno democrático que sea acorde a las necesidades reales de los estados y del país en su conjunto.