En sesión ordinaria, los diputados acordaron los pagos para la amortización del capital por mil 918 MDP y cuatro MMDP por intereses

CIUDAD DE MÉXICO (30/DIC/2016).- Durante el ejercicio fiscal del 2017, Veracruz deberá pagar seis mil 618 millones de pesos para liquidar las deudas bancarias que se contrajeron en los gobiernos de los priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, de los cuales cuatro mil millones (el 80 por ciento) forman parte de los intereses.

El pleno del Congreso del Estado autorizó al gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares los montos de pago total, los cuales podrían modificarse si el mandatario estatal concreta una renegociación de la deuda pública con diversas instituciones bancarias como lo anunció recientemente.

Durante sesión ordinaria, los diputados acordaron los pagos para la amortización del capital por mil 918 millones de pesos y para el pago de intereses cuatro mil millones de pesos.

En tanto para cubrir los Gastos de la Deuda Pública Interna se contemplaron 700 millones 520 mil pesos contratada con la Banca de Desarrollo y con la Banca Privada en esas administraciones.

La deuda bancaria en condiciones desfavorables se duplicó de 25 mil millones a 42 mil millones en seis años.

Y es que en 12 años aumentaron el gasto en todo los rubros, el cual creció en 30 mil millones de pesos entre 2010 y 2016.

La nómina del gobierno se duplicó de cuatro mil a siete mil 400 millones; mientras que la magisterial aumentó un 45 por ciento, al pasar de 29 mil a 42 mil millones de pesos.

El Congreso además se estableció que las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Secretaría todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos estatales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizadas en el presupuesto.

Se advierte que por ningún motivo, se realizarán transferencias presupuestales de otros capítulos de gasto al de servicios personales. En caso de requerir recursos, las Dependencias y Entidades deberán contar con previa autorización de la Secretaría, y sólo podrán destinarse directamente al financiamiento de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) vigentes autorizados por la Secretaría.