Por Ioan Grillo

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2017.- Hace un año, cerca de ocho hombres armados y vestidos con uniformes militares entraron a la fuerza al hogar de la reportera Anabel Flores, cerca de la ciudad de Orizaba, y la sacaron a rastras, ante las súplicas de la familia. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en un camino; había muerto a los 32 años, apenas unas cuantas semanas después de haber dado a luz a su segundo hijo.

En mayo y agosto, la policía arrestó a dos miembros de los Zetas sospechosos de asesinar a la reportera, pero no divulgaron sus nombres ni más información, lo que causó que el Comité para la Protección de los Periodistas informara que “había opacidad en el caso”, al igual que sucede con los homicidios de tantos de sus colegas.

El año pasado fue uno de los más mortíferos para los reporteros mexicanos en la historia reciente. Tanto es así, que aún no se ha podido determinar la cantidad total de víctimas, debido a las investigaciones falsas y la confusión acerca de cuántos de los asesinados eran periodistas. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones periodísticas registran al menos nueve asesinados en 2016, y algunos afirman que la cifra llega a las 16 víctimas. Reporteros Sin Fronteras dijo que México era el tercer país más peligroso en el mundo para los periodistas, después de Siria y Afganistán; en otras palabras: el más peligroso fuera de una zona de guerra declarada.

Cuando estas cifras anuales se dieron a conocer en diciembre, no causaron gran revuelo. La gente se ha acostumbrado a las macabras historias de los gánsteres mexicanos que secuestran reporteros, los sacan de sus casas, los emboscan en vehículos y dejan sus cabezas cercenadas frente a sus oficinas. Desde el año 2000 la cantidad total de reporteros asesinados llegó a cien, según Artículo 19, una organización independiente que defiende la libertad de prensa. El asesinato de periodistas en México no es algo nuevo.

Como corresponsal en México desde 2001, he escrito notas sobre periodistas a los que han asesinado a tiros o han decapitado o han desaparecido muchas más veces de las que puedo recordar. En una ocasión, estaba trabajando en una agencia internacional de noticias cuando un colega se preguntó si deberíamos seguir cubriendo los asesinatos de periodistas en los medios. ¿En realidad son más importantes que los 20.000 homicidios restantes que suceden cada año en México?

Yo sostuve que debíamos hacerlo. Lo menos que podemos hacer es dar a conocer sus nombres, haciéndole un último homenaje a su trabajo. Sin embargo, el trasfondo es mayor. El asesinato de periodistas no solo se trata de la muerte de seres humanos, sino que además es un ataque a la libertad de expresión. Este delito ha convertido a muchas partes del país en agujeros negros y le da impunidad a los funcionarios corruptos.

La mayoría de los periodistas asesinados trabajan en pequeños medios de comunicación en pueblos y ciudades de la provincia donde el Estado está muy debilitado y la delincuencia organizada es muy fuerte. Los asesinos sienten que las consecuencias de asesinar a los periodistas son mínimas… y tienen razón.

La prensa nacional e internacional necesita seguir cubriendo estas historias tanto para ser solidarios con ellos como para ejercer presión para que se haga justicia. En una era en la que el periodismo está bajo ataque desde todos los frentes, necesitamos defender nuestra profesión, y eso empieza con evitar que nuestros colegas pierdan la vida.

Los grupos de libertad de prensa, entre los que se encuentran Periodistas de a Pie, creado en México, han hecho un gran trabajo capacitando a los reporteros en medidas de seguridad, como identificar las rutas de escape ante cualquier situación peligrosa. Desde 2012, cientos de reporteros amenazados han ingresado a programas de protección auspiciados por el gobierno federal, se les han otorgado botones de pánico con los que pueden alertar a la policía si están en peligro y, en ocasiones, se les ayuda a mudarse a otra ciudad más segura.

No obstante, estas medidas no hacen nada para erradicar el problema de raíz. Si queremos que los delincuentes dejen de matar a los periodistas, lo que necesitamos es justicia. Las investigaciones de los asesinatos suelen estar en manos de fiscales estatales ineficaces y, a veces, sospechosos. En algunos casos, a las víctimas se les secuestra en un estado y se les mata en otro, lo que implica que varios fiscales manejen las evidencias y con frecuencia las estropeen.

Un problema clave es que los funcionarios locales muchas veces trabajan en contubernio con los carteles e incluso pueden estar implicados en los ataques. El año pasado, un policía del estado de Oaxaca fue arrestado por el asesinato de un periodista. Un año antes, se emitió una orden para arrestar a un alcalde en el estado de Veracruz por el asesinato de otro periodista.

Hay un fiscal federal para delitos contra los periodistas, pero su fiscalía solo acepta un número limitado de casos que cumplen con requisitos jurídicos específicos, como la evidencia de que la policía local estuvo involucrada. Sin embargo, las circunstancias en las que se desarrollaron muchos de los asesinatos son turbias, por lo que muchas de las diligencias quedan en manos de esos funcionarios locales.

Los resultados finales son insatisfactorios. En al menos dos terceras partes de los asesinatos de periodistas del año pasado no hubo ningún arresto. Cuando hay arrestos, la policía suele actuar de manera sospechosa, negándose en muchas ocasiones a revelar los nombres de los presuntos culpables.

Una solución sería que el fiscal federal para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión estuviera a cargo de investigar todos los homicidios de los reporteros. La fiscalía necesita contar con los recursos y el músculo para asumir los casos difíciles y reducir la impunidad. Además, deberá asumir la responsabilidad de resolver esos casos y, en caso de no hacerlo, habría que remplazar al fiscal.

Al aceptar los casos lejos de los estados donde se cometieron, tomarían distancia de las redes de corrupción que podrían ser cómplices de los asesinatos. Así se tendrían en una sola oficina central a la que pueden acudir las organizaciones periodísticas para ejercer presión con el fin de que entreguen resultados. No obstante, es necesario que haya transparencia en sus investigaciones. El Comité para la Protección de Periodistas publica perfiles de cada caso en su página web, información que el fiscal especial debería estar proporcionando.

En México hay diversos problemas que atender, incluyendo la corrupción rampante que paraliza a la economía. Los periodistas son una pieza clave para la solución, pero solo pueden exponer la podredumbre del país si cuentan con las garantías básicas para no ser asesinados. No debemos acostumbrarnos a la muerte de nuestros colegas.

Fuente: NYTIMES

  • Ioan Grillo es autor de “Caudillos del crimen: De la Guerra Fría a las narcoguerras”, además es columnista de opinión de este periódico.
  • Anabel Flores, asesinatos de periodistas, México, Reporteros Sin Fronteras