TEXTO IRREVERENTE

Por Andrés Timoteo  |

Nadie puede regatear que los familiares de personas desaparecidas fueron de los más duros cuestionadores del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Y no lo hicieron como un apostolado, por tener una profesión afín, un pasatiempo ni por estar de moda, como es el caso de muchos activistas de cafetería. No, se volvieron críticos y exigentes porque las circunstancias que vivieron los empujaron a eso, a exigir información y acciones gubernamentales sobre los casos de sus seres queridos ausentes, arrastrados por la ola de violencia criminal.

La respuesta siempre fue el desprecio, la indiferencia  y la desidia e incluso en ocasiones se llegó al hostigamiento, las amenazas y la agresión directa.  Aun así, los buscadores de desaparecidos no cesaron, pues su tarea y desafiaron al terror y a los perversos que lo sembraban. Por ejemplo, en el 2015 la señora Aracely Salcedo Jiménez venció el miedo para reclamarle directamente a Duarte de Ochoa por la inacción de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía del estado ante la desaparición de su hija, Fernanda Rubí en Orizaba en el año 2012.

Lo que pocos saben es que Duarte ordenó “levantar” a la activista Salcedo por haberlo exhibido, ya que el video difundido de su reclamo causó indignación nacional e internacional. Salcedo fue interceptada en las calles de Orizaba por elementos policíacos –dependientes del inefable Arturo Bermúdez, hoy preso en Pacho Viejo- con la intención de detener -¿desaparecer?- a la cuestionadora de Duarte. No lo lograron porque viajaba con agentes federales que la PGR le había asignado para su custodia.

¿Qué hubiera pasado si la activista no tuviera en ese momento la custodia policiaca otorgada por la federación? Seguramente habría pasado a formar parte de las estadísticas de personas desaparecidas en el sexenio de Javier Duarte.  No fue la única, hay por lo menos otros tres casos de activistas  –cuyos nombres se reservan por lo delicado del asunto-  que fueron amagados directamente y que se salvaron de ser “levantadas” por policías estatales. Dos de ellas huyeron de Veracruz y radican en otros puntos del país.

A esos dos les avisaron que desaparecería a sus hijos y padres – ya ancianos- para que tuvieran más motivos de seguir importunando al “señor gobernador”. Todos terminarían en una fosa clandestina, les advirtieron. Duarte de Ochoa en ese pacto con los criminales también se encargaba de acallar voces incómodas tanto para él como para quienes tenían el poder de borrar a las personas de la faz de la tierra.

Pero aun con esas amenazas e intentos de agresión, los buscadores de desaparecidos no dejaron al gobernante en paz, y fueron de los únicos que en  noviembre del 2015,  cuando Duarte realizó su última ceremonia fastuosa de su último  informe gubernamental –hay que recordar que no logró rendir su sexto informe en el 2016 pues ya estaba fugado-,  protestaron por los casos de personas ausentes.

Al menos tres activistas lograron colarse a las instalaciones del Velódromo de Jalapa, mimetizados entre  los acarreados priístas, y cuando el cordobés daba su discurso izaron carteles con las fotografías e información de sus familiares desaparecidos, lo que hizo que personal de la ayudantía los jaloneara y sacara del lugar, entre gritos gustosos de los priístas traídos desde las colonias populares de Jalapa.

¿Y cuál fue la reacción de la prensa? La mayoría guardó silencio. Estaba amordazada por los convenios publicitarios y los ‘cochupos’ individuales. Los opinadores más decentes guardaron silencio, los más descarados la emprendieron contra los activistas, culpándolos de todo y llenándolos de adjetivos. Hay que revisar la hemeroteca para medir el talante que adoptaron en esos años de plomo.

A la agresión física y mediática contra los buscadores de desaparecidos se agregó, por supuesto, la desatención oficial. Siempre se les negó las acciones para tratar de localizar a sus familiares. Sus expedientes judiciales permanecieron archivados, los policías y funcionarios involucrados en los secuestros gozaron de impunidad plena y se le llegó a casos de simulación extrema, insultante, y tres ejemplos ilustran tales aberraciones.

Uno es la inhumación irregular de cuerpos en el cementerio Palo Verde de Jalapa con la intención de borrar pistas de las personas que eran buscadas en los servicios forenses. Es decir, desde la Fiscalía estatal se quiso “desaparecer” a los “desaparecidos” recurriendo a una sepultura en fosas comunes, pero “legales”. Eso es algo que sigue pendiente de investigar y sancionar.

El segundo fueron las expresiones burlonas del entonces fiscal, Luis Ángel Bravo cada vez que había denuncias de los colectivos por el hallazgo de restos óseos. “Son huesos de perro” decía sarcástico a la prensa. Y el tercero, que es el más indignante, fue el montaje de teatros con falsos desparecidos y falsos activistas. El 9 de mayo del 2014, Duarte y Bravo Contreras presumieron una reunión  con madres y familiares de 22 presuntos desaparecidos que habían sido localizados por las fuerzas estatales. Todo fue falso, un teatro para engañar a la opinión pública. Nunca se volvió a saber de esos “actores”.

Y así se podría continuar con los despropósitos  de ese gobierno y esos funcionarios descarados. Hoy ellos se fueron, pero  los activistas siguen en su búsqueda y se enfrentan a otro funcionario igual de indolente que los anteriores, el fiscal Jorge Winckler, frívolo, déspota y desinteresado en las personas ausentes. Ahí, en ese rubro, la Fiscalía está baldada y es uno de los pendientes del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Mañana, Yunes Linares rendirá su primer informe de gobierno, y en el mismo deben estar los miles de desaparecidos. Debe haber palabras para ellos, detallando acciones en favor de su localización y  reconociendo las fallas y claro, ofreciendo una disculpa por las mismas. Un gobierno que aspira a ser del cambio político también debe serlo en el  rubro humanitario. No se concibe que el gobernador Yunes Linares guarde silencio ante esta realidad como lo hicieron sus antecesores y que  los desaparecidos vuelvan a ser “desaparecidos” en el  informe gubernamental.

Envoyé depuis Paris, France.