Demandan la cancelación definitiva de los proyectos mineros en Alto Lucero y Actopan.

Por Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., Más de 300 habitantes de 20 localidades de los municipios de Actopan y Alto Lucero, clausuran de manera simbólica la bodega de materiales que utiliza el Proyecto Minero “El Cobre”, de la empresa Almadex Minerals (TSX-V: AMZ), para exigir la cancelación de concesiones mineras y que sus territorios sean decretados libres de minería.

Ante la nula respuesta del gobierno federal y municipal, optan por clausurar las instalaciones de la empresa minera Almadex Minerals, refiere un comunicado de prensa emitido por La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

En el documento se destaca que el proyecto minero “El Cobre” pone en grave riesgo a las comunidades. Los posibles impactos acumulativos y sinérgicos con otras actividades y proyectos – como la planta nuclear Laguna Verde ubicada a tan sólo 3 km de distancia del proyecto minero – y las líneas de alta tensión, vulneran sus territorios.

El gobierno federal ha concesionado más de 70 mil hectáreas en la zona, destacan que se encuentran ubicadas en un importante territorio biocultural del estado de Veracruz; es decir, dentro de un espacio que ha sido ocupado por siglos por comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y comunidades equiparables a pueblos indígenas.

Lo anterior vulnera los derechos humanos de las comunidades tal y como lo establecen los artículos segundo de la Constitución y sexto del Convenio 169 de la OIT, el gobierno federal debe garantizar el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente informado.

Las comunidades equiparables pertenecientes a los municipios señalados, han tomado la decisión en 27 asambleas ejidales y comunitarias de rechazar las actividades mineras en su territorio.

A través de actas de asamblea han manifestado ante las autoridades la vulneración a partir del acto de la concesión minera, de su derecho a la autonomía, a la libre determinación sobre su territorio, al consentimiento previo, libre informado y culturalmente adecuado.

Por lo tanto, las concesiones y los proyectos son violatorios de derechos humanos. Todas las autoridades involucradas también son responsables de violar los derechos económicos, culturas y sociales y ambientales de las comunidades por las afectaciones que han sufrido o puedan sufrir en caso de que continué desarrollándose el proyecto extractivo.

Por lo anterior los habitantes exigen respeto a sus derechos, exigen a las autoridades federales la cancelación de las concesiones y la expulsión inmediata de las empresas mineras de sus territorios. Las comunidades exhortan a la empresa a desistirse de sus concesiones mineras en territorio veracruzano y cancelar el Proyecto Minero “El Cobre”