Financieras les están cobrando supuestos créditos que no contrataron a alrededor de 10 mil trabajadores de la educación.

Por Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., Un grupo de maestros se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir la devolución de descuentos que consideran indebidos, realizados por la propia dependencia para cubrir supuestos préstamos a financieras y casas comerciales que ellos no autorizaron.

A decir del licenciado Francisco Javier Vázquez Guzmán, representante legal de algunos afectados, dio a conocer que la SEV desde principios del presente año les empezó a descontar esos supuestos créditos, de acuerdo al monto de sus percepciones, al grado tal que algunos docentes vienen cobrando hasta 1 peso quincenal.

En esta situación se encuentran unos 10 mil profesores de diversas partes del estado, sean del sistema federal o estatal, de tal manera que por este motivo viven penurias al no poder hacer frente a los gastos que tienen para sostener a sus familias y para sus más ingentes necesidades.

De entre las financieras que les están cobrando conceptos que no autorizaron, se encuentran: Grupo con su pago, Financiera Maestra, Grupo Preven, S.A. de C.V. y Promotoría VVV, S. A. de C.V., entre otras Sofon que desconocen su identidad.

Los manifestantes pidieron a la SEV, como parte patronal que elimine esos descuentos, dado que no firmaron ningún contrato ni solicitud de crédito ni nada por el estilo, cuestionando a la entidad pública “con qué derecho autoriza a estas financieras descontar de manera directa del talón de pago y dejarnos por debajo de lo que la ley marca, pues hay maestros que reciben 1 peso, 20 pesos, 65 pesos, 84 y cien pesos”.

“En realidad es un fraude lo que se nos está haciendo, porque no sabemos a dónde va a parar ese dinero y directamente no s estamos viendo perjudicado el gremio magisterial de diferentes niveles educativos”, aseguró una de las entrevistadas que pidió se reservara su identidad.

Ante esta situación dijo el jurisconsulto, que representa a unos 65 trabajadores de la educación quienes cansados de acudir a las instancias correspondientes para que no les sigan descontando con nulos resultados, decidieron interponer los recursos legales para acabar con el problema que enfrentan.