• Sería mezquino no aplaudir el efecto de consciencia social que el discurso de la justicia tiene en un país tan desigual, cuando el Presidente llama a no criminalizar a los jóvenes y exalta a productores.

El Presidente ha colocado en el centro de la conversación de los mexicanos la agenda de las injusticias, garantizando derechos que son letra muerta para millones.

Con su cuestionamiento al modelo neoliberal, que considera inevitables las desigualdades, Andrés Manuel López Obrador ha contribuido, como nadie antes, a visibilizar las inequidades.

Y más allá de declaraciones, la biografía presidencial es consistente en el diseño de respuestas a grupos que la economía de mercado considera sacrificables.

Esa visibilidad de la injusticia le permitió en el gobierno de la Ciudad de México impulsar una intervención a favor de los adultos mayores, bajo la premisa de que el Estado debía garantizarles una vida digna.

Hubo, en 2001, críticas del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional por considerar que aquel reparto de dinero era una medida populista, como hoy ocurre con las transferencias que el gobierno entrega a estudiantes del nivel bachillerato y universitario.

Pero la pensión fue un éxito al fortalecer los márgenes financieros de miles de mexicanos ajenos a la seguridad social, hecho que presionó a gobiernos estatales y al federal de Vicente Fox a convertirla en una política pública.

Ese caso nos ha dejado dos lecciones: la capacidad de López Obrador para visualizar una estrategia social y para sembrar y cultivar un proyecto.

Tanto en la campaña como ahora, los mítines del Presidente son espacios de fervor popular de la tercera edad, personas que viven con alguna discapacidad y jóvenes, tres grupos que reciben transferencias para gastos que cada beneficiario determina libremente.

Si bien hay dudas de qué tanto esas intervenciones podrán transformar la realidad de sus destinatarios, la experiencia de la pensión, 18 años después, nos obliga a esperar que madure la apuesta que ayer resumía en Zacapu, Michoacán, con la arenga: “¡Arriba los de abajo!”.

Sería mezquino no aplaudir el efecto de consciencia social que el discurso de la justicia tiene en un país tan desigual, cuando el Presidente llama a no criminalizar a los jóvenes y exalta a productores, artesanos, pescadores y maestros.

Claro que a todos conviene que a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, le vaya muy bien en el convencimiento a la delincuencia organizada para que abandone la ilegalidad y deje de reclutar a los jóvenes.

Cómo no aplaudir la reforma laboral que viene con medidas que Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y Germán Martínez, director del IMSS, deberán concretar en la democratización sindical, el fin de los abusos patronales mediante el outsourcing y el cumplimiento de derechos para el trabajo doméstico.

Muy relevante resulta que la justicia laboral se promueva sin enfrentamientos con el empresariado, propósito deliberado del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el jefe la Presidencia, Alfonso Romo.

Porque el sentido de justicia que López Obrador se ha propuesto nada tiene que ver con Venezuela o Bolivia.

Por el contrario, el plan del Presidente fomenta la reconciliación con el presidente Donald Trump, un objetivo que el bloque bolivariano nunca tuvo.

Mientras en su trato con los militares, el mandatario no pierde la oportunidad de subrayar que protagonizan una reconversión de la mano del general Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda, secretarios de la Defensa y Marina.

En su cruzada por la justicia, el Presidente ha entusiasmado al Poder Judicial, que encabeza el ministro Arturo Zaldívar, para limpiarlo, dejando atrás las críticas que durante años propinó a ministros y magistrados.

Se trata de una transformación que, desde el discurso, suma a actores diversos, con excepción de los órganos autónomos que López Obrador considera onerosos y sin resultados; la oposición y lo que él llama “la prensa fifí”.

Es entendible que el Presidente tenga resquemores con los partidos que no son el suyo. Así es la puja política.

Lo que resulta incomprensible es que un gobernante que busca la justicia mantenga la estigmatización de la prensa y los periodistas, etiquetándolos de conservadores e hipócritas por realizar su labor: la de debatir y auscultar el ejercicio del poder.

Se trata de un golpeteo que lastima a nuestro gremio y que vulnera a uno de los pilares de la democracia: la libertad de expresión como contrapeso del poder omiso, del poder que abusa, del poder que corrompe.

Ésa es la naturaleza de la prensa. Y descalificar su ejercicio crítico es pretender que la propaganda sustituya al periodismo y que la prometida justicia se asuma por decreto, al margen de la verificación de los hechos, el debate y el escrutinio.