La demanda a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y de grupos activistas legales, afirma que el gobierno de Trump viola las leyes federales al no evaluar adecuadamente los peligros que enfrentan los migrantes en México.

También acusa a funcionarios migratorios y de Seguridad Nacional de privar a los migrantes de su derecho a solicitar asilo al complicarles o imposibilitarles el proceso.

Bajo la nueva política, a los solicitantes de asilo no se les otorgan intérpretes ni abogados, y no pueden presentar ante un juez sus argumentos de que enfrentan un posible riesgo de persecución o tortura en caso de ser devueltos a México, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), durante una audiencia en marzo pasado.

Seeborg lució escéptico del argumento de la demanda de que el gobierno aplicó erróneamente una ley federal que permite el envío de los migrantes de regreso a México. La ACLU y otros grupos de la parte acusadora señalan que la ley no aplica a solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente la frontera o llegan a los cruces fronterizos sin la documentación apropiada.

El juez también cuestionó el argumento del Departamento de Justicia de que los solicitantes de asilo que son devueltos a México no son elegibles para ciertas protecciones, como una audiencia ante un juez de migración.

El gobierno espera que al forzar a los solicitantes de asilo a esperar en México desaliente a quienes no tienen casos sólidos y ayude a desahogar los más de 800.000 casos pendientes en las cortes migratorias.

El abogado del Departamento de Justicia Scott Stewart señaló que existe un proceso para proteger a los inmigrantes que podrían enfrentar amenazas en México. Los 11 demandantes son representados por abogados y 10 de ellos ya comparecieron para sus procedimientos judiciales, declaró.

Los arrestos de la Patrulla Fronteriza, el parámetro más utilizado para medir los cruces ilegales, han aumentado considerablemente durante el último año, pero permanecen en términos históricos relativamente bajos después de alcanzar su cifra más baja en 46 años en 2017.

El lanzamiento de la política se dio después de meses de negociaciones delicadas entre Estados Unidos y México. Los mexicanos y los menores que viajan sin compañía de un adulto están exentos de su aplicación.