OPINIÓN | Número cero |  José Buendía Hegewisch | 26 de Septiembre de 2019

Los resultados de las investigaciones de la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no han podido dar con ellos ni con los culpables, tras cinco años de indagatorias de dos gobiernos. El pasado régimen de Peña Nieto trató de cerrar el caso con la “verdad histórica”, sin pruebas válidas para sustentarla, pero con la urgencia de exculparse de hallar su paradero. El de López Obrador tampoco ha podido dar con los responsables de la masacre y, en vez de ello, prefiere apuntar hacia la culpabilidad de autoridades del pasado de que hoy no se haya podido resolver el caso Iguala. A repartir culpas como el último reducto de la cualidad de impune que permea a la justicia en el país.

El fracaso de las indagatorias del caso Ayotzinapa desnuda las deficiencias de la impartición de justicia y, sobre todo, revela su sujeción al rejuego de intereses políticos que intervienen en ella y la pervierten. A la anterior PGR se le han contabilizado cerca de 160 irregularidades en la detención de los primeros imputados en el crimen, entre octubre y diciembre de 2014, desde la alteración de pruebas, la aprehensión de acusados en falsa flagrancia y confesiones con tortura, suficiente para enterrar la investigación. Aunque la presión política y la movilización de los padres de las víctimas consiguió mantener abierto un expediente que, desde el principio, la autoridad sabía que se desmoronaría y acabaría por ser la mejor cobertura para los presuntos culpables. Prueba de ello es que la mayoría de los 77 imputados que han sido liberados del proceso no podrán ser juzgados por la misma acusación, sean o no responsables de la operación contra los estudiantes.

La CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH advirtieron al gobierno de Peña Nieto de las irregularidades y la fragilidad de la teoría del caso, pero, aun así, continuó con la hipótesis de la incineración de al menos 17 cuerpos en el basurero de Cocula, hasta que fallos judiciales echaron por tierra un centenar de indicios y análisis forenses para sostener el caso ya en la actual administración. “Que sepa el gobierno que la esperanza de los padres está viva como en los primeros días”, afirmó frente a la FGR en el quinto aniversario el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, a pesar de que el fracaso de la investigación no hace más que profundizar el escepticismo de esclarecer el destino de ellos y otros 40 mil desaparecidos en la última década en el país.

Tampoco resulta un alivio para ellos que, tras cinco años de buscar el paradero de sus hijos, reciban, por un lado, la constatación del naufragio de la “verdad histórica” y, por otro, la indignación del gobierno por la excarcelación de los imputados en ese proceso, lo que obligará, en todo caso, a tratar de reiniciar las pesquisas desde cero, como aceptó el fiscal general, Alejandro Gertz. Su ofrecimiento constata que el caso Iguala es un proceso sin rumbo y, ante la falta de resultados, orientado a buscar culpables entre las autoridades del gobierno anterior, particularmente el exprocurador Jesús Murillo Karam y el responsable de la investigación, Tomás Zerón. Así como recriminar a los jueces con mensajes contradictorios, como el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien, por un lado, valora el derrumbe de la “verdad histórica” y, por otro, lamenta los fallos judiciales que liberaron a la mayoría de los encauzados en ese proceso.

Sin responsables del caso más emblemático de violación a derechos humanos de los últimos tiempos en el país, queda repartir culpas, meritorias o no, pero que tampoco sirven para asegurar que la tragedia no se repita ni reparar el daño de las víctimas. La justicia no llega a ellas, aunque se trate de sancionar la falta de cuidado y anomalías de los anteriores responsables de la investigación. Pero lo que está en juego no es sólo la rendición de cuentas del pasado, sino rescatar la credibilidad de la justicia, de su aplicación sin tintes políticos. Y, por supuesto, aceptar la responsabilidad del Estado para reparar el daño, independientemente del gobierno en turno.

Fuente: EXCELSIOR