OPINIÓN | Armando Ríos Piter | 30.09.2019 |

Los terribles hechos ocurridos en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, desnudaron al sistema. Evidenciaron la forma en que fuerzas del orden público y autoridades gubernamentales se encuentran coludidos.

Al cumplirse cinco años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, la semana pasada, el presidente López Obrador se comprometió a retomar la búsqueda. El fiscal especial declaró que incluso Enrique Peña será llamado a declarar, si es necesario. También dijo que existen dos líneas de investigación: “La búsqueda en vida, que es una demanda fundamental, y la búsqueda del destino final”.

En su conferencia mañanera, AMLO ofreció recompensas para quienes informen sobre el caso, y a quienes los lleven contra el principal sospechoso. Hizo especial énfasis al apuntar que “la verdad sobre Ayotzinapa se sabrá y habrá justicia”. Sin atacar al Ejército, en lo que fue muy cuidadoso, dijo que fue una desaparición forzada por agentes del Estado mexicano, y no dudó en señalar como responsable al gobierno anterior.

Los terribles hechos ocurridos en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, desnudaron al sistema. Evidenciaron la forma en que fuerzas del orden público y autoridades gubernamentales se encuentran coludidos con grupos criminales. Puso en evidencia la terrible crisis de desapariciones que vive el país desde hace más de una década.

Más allá de la llamada “verdad histórica” con la que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, declarara que los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, persisten muchas líneas que aún deben ser analizadas. Sólo como ejemplos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló sobre un quinto autobús; la CNDH habló sobre policías federales, y policías municipales de Huitzuco, involucrados en los hechos. La primera hipótesis conduciría a entender el episodio bajo la presencia del trasiego de droga, la segunda, exhibiría el involucramiento directo del gobierno federal en los hechos.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sigue siendo la más cruda representación de la forma en la que los grupos delincuenciales en México, a través de un amplio universo de actividades ilícitas, controlan territorios por encima de las autoridades o plenamente amafiados con ellas. Bajo esta lupa, poco o nada ha cambiado en cinco años. En el caso específico de Iguala, de acuerdo con el Inegi, de 2015 a julio de 2019 se han registrado mil 88 homicidios, mientras que los colectivos de activistas declaran tener documentadas mil 500 desapariciones de personas. A nivel nacional, la percepción es que estos crímenes no han disminuido.

La búsqueda de los jóvenes es un símbolo del enorme reto que tenemos por delante y de lo mucho que está pendiente por hacer en el país.

El 12 de enero de 2015, aún como senador de la República por el estado de Guerrero, hice pública mi decisión de no participar en el proceso electoral como posible candidato a gobernador en aquella entidad. En ese momento señalé: “Estoy convencido de que a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa los desapareció la corrupción y la impunidad imperantes: corrupción, pues fueron policías amafiados con criminales quienes los atacaron; impunidad, por el silencio cómplice que aún se mantiene en todos los órdenes de gobierno”.

Estos son los principales problemas que el actual gobierno debe arreglar. Ayotzinapa evidenció la realidad imperante en México: la crisis de derechos humanos; la falta de credibilidad en el sistema de justicia; la impunidad; la erosión de las policías por la corrupción rampante; la falta de compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia; el colapso del federalismo y el municipalismo en amplias franjas del territorio nacional.

Podría decirse que el mandato del 2 de julio de 2018 comenzó a configurarse desde esa terrible noche en la zona norte del estado de Guerrero, donde todos estos problemas quedaron plasmados con la sangre de jóvenes mexicanos. A cinco años, Ayotzinapa sigue delineando una agenda que exige mucho más que el voluntarismo de unos cuantos, pues alcanzar la verdad y la justicia para los padres de los 43 jóvenes, y para todos los que aquí vivimos, implica regenerar el tejido social y construir, de su mano, una nueva legitimidad basada en instituciones y procesos, no sólo en personas y símbolos.

Fuente: EXCELSIOR