Las primeras peleas

El primer desencuentro ocurrió en febrero de 2019, cuando el director general de CFE, Manuel Bartlett, acudió a la conferencia matutina del presidente para denunciar ante la opinión pública contratos de gasoductos que calificó como “leoninos” por las condiciones desfavorables para la empresa que dirige y que representaban un gasto de más de 5,000 millones de pesos anuales por cláusulas de fuerza mayor, es decir, situaciones como sabotajes, sismos y problemas sociales.

Durante seis meses, el gobierno buscó una renegociación de los contratos, en medio de medidas legales contra IEnova, TC Energy (antes TransCanada) y Carso Energy del empresario mexicano Carlos Slim Helú, hasta que en agosto lograron un acuerdo con ahorros por 670 millones de dólares para CFE.

Esta batalla no silenció a CFE en otros frentes.  Aunque la energía solar y eólica lograron precios récord de 20 dólares por MegaWatt-hora en la última subasta eléctrica, Bartlett consideró que era falso que dicha electricidad fuera barata porque existen costos no reconocidos.

“Se hace toda una campaña de que las energías limpias son las más baratas y es mentira”, declaró Bartlett en marzo de 2019.

Según la empresa mexicana, las energías renovables están subordinadas a la intermitencia y no pagan el respaldo eléctrico con plantas convencionales, ni estabilidad de las redes de transmisión y distribución. Tampoco el mantenimiento o daños a transformadores.

Otro desencuentro entre el gobierno y el sector privado ocurrió cuando el 28 de octubre, la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nahle, permitió la emisión Certificados de Energía Limpia (CEL) a las 60 centrales hidroeléctricas de CFE.

La dependencia encargada de la política energética justificó su decisión ante una supuesta “especulación comercial” sobre dichos certificados, pues los precios de la electricidad producida con energías limpias aumentaron, y por lo tanto, las tarifas eléctricas para los usuarios finales también, según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las reglas establecidas en octubre de 2014 por el gobierno priista para otorgar los títulos verdes impedían el reconocimiento de toda la generación de electricidad limpia de la compañía estatal, principalmente de sus 60 plantas hidroeléctricas, y solo las centrales nuevas o repotenciadas podían emitirlos.

El ingeniero eléctrico y director de la empresa Baorgg, Santiago Barcón, recuerda que los grupos industriales como la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) se oponían a las reglas de los Certificados, pero ahora participan en la discusión a favor de la electricidad generada por fuentes limpias.

“Durante la aprobación de la Ley de Transición Energética, en 2015, todos estaban en pie de guerra contra el gobierno. De rechazar lo CEL, ahora resulta que cuando los tratan de quitar, la misma iniciativa privada se opone. No tiene sentido. Se trepan a cuadriláteros que no les corresponden”, agrega.

“La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero se suma a la opinión de la Concamin en el sentido de que se deben diferir las metas de cumplimiento expresadas en el proyecto de Ley de Transición Energética (LTE), así como reducir las multas relacionadas a la obligación de contar con Certificados de Energías Limpias (CEL)“, declaró la Cámara en un comunicado del 25 de noviembre de 2015.

Confianza vs inversiones

Bajo el argumento de darle confiabilidad al sistema eléctrico nacional durante la emergencia sanitaria de coronavirus Covid-19, el Cenace y Sener publicaron acuerdos para ordenar la operación del sistema con disposiciones que limitan a las centrales privadas solares y eólicas.

La polémica escaló porque el documento de Cenace particularmente suspendía las pruebas operativas de plantas de energía renovable porque se ponía en riesgo la operación del sistema.

La iniciativa privada, desde el Consejo Coordinador Empresarial hasta la embajada de Canadá y la Unión Europea se opusieron porque ponían en riesgo las inversiones realizadas en territorio mexicano para favorecer plantas convencionales de CFE, que utilizan combustibles más caros y contaminantes, como el carbón y combustóleo, un derivado del petróleo alto en azufre.

Según el grupo empresarial que preside Carlos Salazar, la política de Sener representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, y tendría “graves consecuencias” como la pérdida de empleos, además de las afectaciones a los proyectos eléctricos en 18 estados del país, que representan inversiones por más de 30,000 millones de dólares. Después de una guerra de declaraciones, 23 empresas obtuvieron amparos del Poder Judicial para suspender la medida del Cenace.

“El acuerdo no tiene fechas ni límites. Dice los ‘qué’ pero sin los ‘cómos’. Creemos que hace falta mucha más comunicación e interlocución que permita entenderse a todas las partes, y recordar que todos queremos una red confiable, porque entendemos las limitantes de inversión que tiene la red, que son fortísimas, pero trabajemos juntos y no generemos una confrontación innecesaria”, dice la académica del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, Karla Cedano.

Para Barcón, el problema central del despacho de plantas renovables e inestabilidad del sistema eléctrico es la falta de líneas de transmisión. El empresario estima que hacen falta entre 6,000 y 8,000 mdd para reforzar la transmisión eléctrica, principalmente en la península de Yucatán, así como Istmo de Tehuantepec, Sonora y Chihuahua.

Mientras el Cenace se reorganiza y plantea estrategias legales para contrarrestar al sector privado, la industria de energías renovables pide al gobierno que se cumpla el marco legal vigente y se utilicen los canales públicos para revisar el marco técnico del sector eléctrico.

“Ahí es en donde deberíamos llevar estas discusiones y no tenerla en una arena política porque al fin y al cabo esta está generando que el marco legal se esté viendo violentado y nos está llevando a los tribunales”, declararon los voceros de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Con información de: www.forbes.com.mx